miércoles, noviembre 22, 2017
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Otra economía es posible

Gustavo Márquez Marín
Otra economía es posible

En el “Arco Minero del Orinoco” se usará cianuro para la extracción de oro y otros minerales diseminados en grandes extensiones de terreno (111.847 Km2), que incluyen áreas protegidas (ABRAE) y el hábitat de pueblos indígenas. Un químico muy tóxico que ha provocado múltiples accidentes en el mundo, causando graves daños a la vida y al medio ambiente. El Parlamento Europeo rechazó su uso en la minería y en los estados Montana y Wisconsin (EEUU) fue prohibido. Requiere de grandes volúmenes de agua extraída de ríos y acuíferos, en algunos casos hasta agotarlos. Afecta las cuencas hídricas, el ciclo hidrológico, las fuentes de agua y su potencial hidroeléctrico.

La megaminería arrasa el paisaje y su potencial ecoturístico. Supone la remoción radical de suelo y subsuelo mediante el uso de grandes cantidades de explosivos, dejando al descubierto material geológico que contiene azufre y metales pesados, que al contacto con el aire y la lluvia genera drenajes ácidos que contaminan las aguas superficiales y subterráneas. Forma grandes cráteres de hasta 1 Km de profundidad por 2 Km de diámetro y lagunas de desechos tóxicos que facilitan la expansión de la malaria y otras pandemias. Contamina el aire con el polvillo que liberan las explosiones y el intenso movimiento de tierra y, con los vapores de cianuro y dióxido de azufre, precursores de las lluvias ácidas. Merma la fauna y la salud de los asentamientos humanos. La evidencia en Latinoamérica y el mundo demuestra que sus daños son irreversibles. Sin embargo, el gobierno lo ejecuta “contra viento y marea”, omitiendo los estudios de impacto ambiental y sociocultural que exige la Constitución y la ley. Mientras tanto, el TSJ y el Poder Ciudadano guardan silencio.

¿A dónde nos conducirá este “motor minero”? A un mega ecocidio con la destrucción de los ecosistemas que sustentan la producción de agua, hidroelectricidad y la mega biodiversidad de la Orinoquia. Al etnocidio de pueblos indígenas. A la profundización del modelo rentístico extractivista dependiente. A relievar la condición de enclave colonial de la economía. A la cesión de soberanía al gran capital transnacional. Por todo eso y porque más allá del extractivismo depredador otra economía es posible, cada vez somos más los que nos oponemos al Arco Minero y exigimos un debate nacional que culmine en una consulta popular.

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