Martes, Agosto 22, 2017
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“Si prevalece la tozudez, la ilicitud y el desconocimiento de la Constitución, el conflicto escalaría a otro nivel”

Freddy Gutiérrez Trejo
“Si prevalece la tozudez, la ilicitud y el desconocimiento de la Constitución, el conflicto escalaría a otro nivel”

Freddy Gutiérrez, constituyente en 1999, asegura que la imposición de una ANC desconoce el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades y a decidir su destino


Freddy Gutiérrez Trejo se desempeñó como representante de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2002 y 2007 así que sabe cuál sería el destino del presidente Nicolás Maduro, de los ministros y representantes de los poderes Electoral y Judicial por haber actuado, de manera arbitraria, al convocar a una constituyente sin antes consultar al pueblo, y de pretender mantenerse en el poder por la fuerza. “Maduro cometió un delito, es un usurpador y debe ser enjuiciado en Venezuela y luego en cualquier instancia internacional si así lo deciden quienes lo promuevan”, afirmó.

El constitucionalista defendió a quienes participaron en la intentona golpista el 4-F y el 27-N de 1992; fue constituyente en 1999 y apoyó la revolución hasta que vio que Maduro incumplió las líneas de Hugo Chávez. “Hay una ausencia total del Estado de Derecho; prevalece una situación de anomia. Existen reglas pero nadie en la sociedad las respeta. Esa anomia hay que proscribirla con reglas claras pero, sobre todo en este momento, hay que invocar la aplicación de la Constitución”.

–¿La Constitución fue derogada?

–Vivimos un infortunio. El Estado desconoce las normas constitucionales y se burla de la razón y espíritu asignados a la Constitución en 1999. Esa situación prevalece por la fuerza del Ejecutivo, a través del presidente y del consejo de ministros, y porque los demás poderes, Ciudadano, Electoral y Judicial, cooperan para que siga esta anomia. De allí que es necesario elevar los estadios de civilización y restituir la Constitución.

–¿Quiénes deben restituir el orden?

–El pueblo unido, por ser el único que elige a sus autoridades y decide su destino. El presidente incurrió en un delito, sancionado en la legislación penal: la usurpación de funciones al desconocer el derecho del pueblo a darse una nueva constitución mediante una asamblea nacional constituyente. En ese delito incurrieron no solo el presidente, sino el consejo de ministros, la Sala Constitucional del TSJ que le dio constitucionalidad a un decreto ilegal, y el CNE. Son auxiliares de un acto antijurídico, de un acto delictivo y corresponde a la sociedad reivindicar el Estado de Derecho.

–¿Maduro elaboró su propio expediente para ser juzgado?

–Por supuesto. Ahora hay que determinar los actos delictuales. El decreto del Arco Minero es el primero. El presidente entregó la soberanía y comprometió el ambiente del país, lo que implica sanciones administrativas y penales. El otro delito es la usurpación de atribuciones del pueblo al no consultarlo sobre la constituyente. El Ministerio Público, en algún momento, debe adelantar en Venezuela un antejuicio de méritos por haber delinquido o en cualquier instancia internacional.

–¿El TSJ salvará a Maduro?

–Es necesario separar lo personal de lo institucional. Se actúa porque hubo un delito, no porque sea Maduro. La Fiscalía acusa, el TSJ atiende la solicitud y la Asamblea Nacional examina la viabilidad del juicio. El Estado de Derecho debe doblarle la mano al estado de facto, impulsado por el presidente y órganos del Estado. Carlos Andrés Pérez fue demandado por sus actos delictuales, así que no sería la primera vez. No me extrañaría que una decisión del Ministerio Público prospere a pesar de que algunos poderes actúan como coros ante el gobierno. La situación es peligrosa y amerita una actuación del Estado.

–¿El retiro de la ANC evitaría un conflicto armado?

–Solo si se logra un destello de inteligencia podría retirarse esa iniciativa que es rechazada por 90% de la sociedad. Si prevalece la tozudez, la ilicitud y el desconocimiento de la Constitución, el conflicto escalaría a otro nivel.

–¿Qué debe hacer el país para evitar la ANC?

–En la UCV, en reuniones con grupos diversos, hemos propuesto unir fuerzas para salir de esta situación de locura y absurda, y que nos ocupemos de problemas como el hambre, el alto costo de la vida, la falta de gas doméstico, la crisis de la salud y ese toque de queda, a partir de las 7:00 pm, por la inseguridad. La tarea es salir de esta situación e implantar la justicia.

–¿Maduro mató el “legado de Chávez?

–No me arrepiento de haber defendido a Chávez y a Francisco Arias Cárdenas porque tenían ese derecho. Chávez impulsó los referéndums abrogatorio, consultivo y revocatorio, e incluso se sometió a este último. Maduro se distanció de Chávez, de Héctor Navarro, de Ana Elisa Osorio y de Jorge Giordani, y de quienes creemos en un pueblo movilizado. No tiene aciertos en materia social, económica ni política. En su grupo privan los desaciertos.

–¿Qué debe hacer la FANB?

–La Constitución de 1999 la obliga a servir a la República y no a intereses personales o partidistas, así que cualquier intento de subordinar la FANB al PSUV es contraria la Constitución. En lo personal, respaldo la activación del artículo 333 de la Constitución que obliga a los ciudadanos, investidos o no de autoridad, a restablecer la democracia. La Constitución no pierde vigencia ante un acto de fuerza y es un deber rescatarla, sea trabajador, militar, abogado, comunicador social. La confluencia de los venezolanos, que reivindican la Constitución, es la que doblará la mano del Estado despótico, hegemónico y tiránico. Es necesario levantar las alertas ante un Estado que desconoce la democracia participativa y protagónica; un Estado despótico que juzga a civiles en tribunales militares; que ignora las boletas de excarcelación y que persigue a la fiscal general y la despoja de su función constitucional de garantizar la legalidad. Eso es una agresión al Estado de Derecho y un episodio de una tiranía. Todo esto conforma una situación peligrosa.

Gutiérrez aboga por una salida electoral en el marco legal. Atribuye la crisis a la actuación del CNE y de jueces del TSJ por haber “dinamitado el referéndum revocatorio, que tenía viso de legalidad” y por suspender la elección de gobernadores. Considera innecesario un cambio en la Constitución, sin embargo, no descarta que en un futuro se plantee revisar la alternancia en el poder o la reelección indefinida.

 

Cortesía: El Nacional/Hernán Lugo-Galicia

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